Texto y fotos: Richard SánchezEl próximo 13 de marzo Marcelo Quiroga Santa Cruz habría cumplido 79 años, pero lo único que se recordará en julio próximo serán tres décadas de su asesinato y desaparición. Pese a juicios, dictámenes y órdenes, su familia –que sigue el caso en dos generaciones– alerta que no se avanzó “ni un milímetro” en la búsqueda de sus restos o que los culpables sean castigados… incluso en este gobierno que se llena la boca del nombre del ex líder socialista, quien fuera capturado herido un 17 de julio de 1980 durante el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, durante el inicio de la dictadura militar de Luis García Meza.
Los militares no ayudan ni un ápice a esta investigación y, paradójicamente, hace algunos años recibieron del Congreso la Medalla al Mérito Democrático Marcelo Quiroga Santa Cruz. En los países vecinos, que también sufrieron dictaduras militares, los castrenses ya desclasificaron varios informes sobre esos años oscuros.
El nombre de Marcelo ha sido casi prostituido por su exagerado uso y, por ello, su familia pidió al Gobierno que lo retire de la ley anticorrupción que está siendo tratada en el Poder Legislativo.
“No quisiéramos que el nombre de Marcelo acompañe en el futuro acciones judiciales que pudieran estar reñidas con el apego a la legalidad constitucional y los derechos humanos que él profesó”, dijo la familia. Sin embargo, el vicepresidente Álvaro García Linera respondió que el mismo no será cambiado. “La ley se mantiene con ese nombre, es una decisión de la Asamblea Legislativa”.
María Soledad Quiroga, hija del multifacético político, rememora en esta entrevista este vía crucis que cumple 30 años.
¿Cómo se inicia la búsqueda de los restos de su padre?Dentro de unos pocos meses se cumplirán las tres décadas del asesinato de mi padre y en todo este tiempo hemos desarrollado una serie de acciones legales, distintas, que se iniciaron en el primer momento que fue posible realizarlas; es decir, cuando se recuperó la democracia en Bolivia, a partir de 1982.
¿Qué busca o espera la familia Quiroga Santa Cruz con estas acciones legales?Tres objetivos: esclarecer la verdad de lo ocurrido con mi padre; lograr la sanción de los responsables de su asesinato y desaparición, de acuerdo a las normas vigentes en el país; y, finalmente, lograr la recuperación de sus restos, porque estamos hablando de un delito que no sólo es de asesinato, sino de desaparición forzada. A casi tres décadas luego de su asesinato no nos han devuelto, a nosotros los familiares, sus restos para que podamos darle sepultura. Esto quiere decir, en términos judiciales, un delito continuo. Es decir que no es un delito que se cometió únicamente el año 1980, cuando se produjeron estos hechos, sino que a lo largo de estos 30 años continúa desarrollándose un delito porque esta persona, mi padre, aún sigue desaparecida.
Vale la pena mencionar que el delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescribe; no como otros que pasado cierto tiempo sí puede prescribir y los afectados dejan de tener la posibilidad de establecer una acción legal y lograr las reparaciones o sanciones correspondientes. Este caso no prescribe por su gravedad y esto está reconocido a nivel internacional por convenios de los cuales Bolivia es dignataria de los mismos.
¿Recibieron su castigo todos los involucrados en este caso?Desde 1982 se desarrolló un larguísimo proceso legal en la Corte Suprema de Justicia en Sucre, un juicio de responsabilidades contra Luis García Meza, Luis Arce Gómez y varios colaboradores, responsables del delito contra mi padre. De esto se ocupó mi madre durante muchos años y concluyó con una sentencia que determinó que los responsables sean condenados.
Pero hay otras personas que quedaron eximidas de este juicio de responsabilidades, autores materiales, intelectuales, cómplices que permitieron que se perpetren estos delitos, del asesinato y desaparición de mi padre, como también de Carlos Flores Bedregal o de Gualberto Vega Yapura (asesinado durante la toma de la sede de la COB). Algunas de estas personas tienen un nivel muy importante de responsabilidad, como Faustino Rico Toro, jefe de la Sección Segunda de Inteligencia del Ejército, que trabajó directamente con Arce Gómez. De Gregorio Loza Balsa, jefe de operaciones psicológicas en esa misma sección del Ejército.
Adolfo Ustarez, miembro directivo de una agrupación paramilitar denominada en ese tiempo 'Los novios de la muerte' e implicada en la tortura y asesinato del padre Luis Espinal en marzo de 1980.
Todos estos hechos no fueron ideados ni ejecutados por una o dos personas, fueron delitos de un grupo grande y numeroso que se asoció para cometerlos como ruptura del proceso democrático, obligaron a la entonces presidenta Lidia Gueiler a presentar su renuncia, conculcación de todas las libertades, la toma de la COB para la captura y el asesinato de mi padre. No fue una muerte casual, mi padre fue identificado, separado del resto, apresado, herido, llevado al edificio del Estado Mayor, torturado como se demostró en el juicio ante la Corte Suprema, asesinado y desaparecido. Se trata de un complot para cometer delitos gravísimos.
Se trata de una deuda que tiene el Estado boliviano no con nosotros, la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz, sino con todo el país porque mi padre no era dedicado a su actividad privada, un padre de familia o un profesional que trabajaba en su ámbito de acción, no. Era un político, un diputado nacional, una persona que desempeñó una actividad pública y el dirigente máximo de un partido político.
Estamos hablando de un delito que causó un daño grave al país porque eliminó a una persona que pudo haber aportado mucho a la sociedad. Mi padre tenía 49 años cuando fue asesinado, era una persona joven que podía haber entregado mucho a Bolivia. Se truncó su vida y un proceso que estaba surgiendo en Bolivia, y se causó un daño enorme. Estos delitos deben ser sancionados y los culpables castigados con todo el peso de la ley porque ésta es una deuda que la democracia boliviana continúa teniendo.
¿Cómo afrontó esta tarea su familia para saber dónde están los restos de su padre?Como familia, mediante una carta, pedimos luego al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a finales de su primera gestión (1997) que se inicie con la investigación para dar con los restos de mi padre. A partir de ello se dictó una resolución suprema ordenando la investigación y, poco tiempo después, cuando Hugo Banzer ingresó a la presidencia de forma democrática tuvo que continuarla.
Banzer fue el principal beneficiario de la muerte de mi padre y autor intelectual del asesinato junto a García Meza y Arce Gómez. Recordemos que mi padre inició un juicio de responsabilidades contra Banzer por su primer gobierno, que fue una dictadura de siete años. Pero hubo grandes tropiezos. Yo personalmente estuve innumerables veces en el Ministerio de Gobierno donde se realizaban las audiencias para recoger el testimonio de los diferentes testigos e inculpados. Fue muy difícil llevar adelante el proceso en ese sistema banzerista. A partir de esa investigación, la Cámara de Diputados recomendó el inicio de una acción judicial contar una serie de implicados que tenía una presunta responsabilidad. Y hasta el día de hoy, después de 30 años del asesinato de mi padre, seguimos llevando adelante esta acción legal.
Estamos hablando de dos generaciones que estamos siguiendo el caso. Primero mi madre, durante el juicio realizado en Sucre, y ahora mi hermano y yo. Y debo decir que hasta el día de hoy no se avanzó ni un milímetro en la recuperación de sus restos o al menos en tener una información cierta que nos lleve a descubrir su paradero y mucho menos en la sanción a los responsables.
Existe un sentenciado a 30 años en este caso, Felipe Frolián Molina, más conocido como “El Killer”, pero sigue libre. ¿Por qué?Hace años hubo una sentencia en este juicio que condena a la pena máxima a tres de los inculpados, de los cuales sólo uno estuvo presente en el juicio, los demás fueron declarados rebeldes y contumaces ante la ley porque no se presentaron. El único inculpado, presente en el juicio, que recibió la pena de 30 años de cárcel es el llamado “El Killer”, quien fue guardaespaldas de la esposa de Banzer durante muchos años, suboficial del Ejército, colaborador de Arce Gómez. Pero esta persona condenada no está en prisión y me llama la atención hoy que no se haga nada en contra de estas personas, que tienen incluso una sentencia. Es obvio que “El Killer” apeló la sentencia alegando su inocencia.
Otros inculpados recibieron sentencias totalmente ridículas como de dos o tres años de cárcel, lo que significa que no estarían ni un solo día en la cárcel, pese a que están involucrados en delitos tan graves para el país. Nosotros apelamos esa sentencia.
¿Pensaron ustedes que con la nueva administración del presidente Morales se haría justicia en este caso? Nosotros teníamos esa esperanza, que en este gobierno que ha mencionado tantas veces el nombre de mi padre en sus discursos, que ha colocado el nombre de mi padre a su ley anticorrupción y a una universidad que ha creado en Santa Cruz, tendría un mínimo de coherencia en su accionar y haría algo para que se avance en estas investigaciones; lamentablemente no hemos recibido el menor apoyo. Es más, nosotros solicitamos al Gobierno la desclasificación de los documentos de la Sección Segunda del Ejército porque ahí se encuentra toda la documentación relacionada con este tema. No recibimos ninguna respuesta.
Pero el presidente Evo Morales es, a la vez, Capitán General de las Fuerzas Armadas…Exacto, bastaría una orden suya para que las Fuerzas Armadas obren en consecuencia, pero no hubo nada en absoluto. Nosotros hicimos una solicitud mediante juez para que se obligue la desclasificación de estos documentos y obtuvimos la orden judicial. Yo personalmente entregué esa orden al comandante del Ejército, general Luis Trigo, y hasta el día de hoy no hay absolutamente nada.
Todo esto nos extraña a la familia. El compromiso de este gobierno es además con la memoria histórica del país, con la memoria de mi padre, que ha sido un luchador social, un demócrata y que ha dado su vida por la causa de este país. Creo que hay una deuda pendiente muy grande y no quisiéramos que ocurra con este juicio lo que ha ocurrido en otros casos, como el del hijo desaparecido de Gladys Oroza de Solón. Ella estuvo muchos años en juicios intentando que le devuelvan sus restos, pero nunca logró nada. Finalmente tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancionó al Estado boliviano por no haber esclarecido y reparado estos hechos. No quisiéramos hacer eso, nos hemos negado siempre a acudir a la justicia internacional, pensando que en Bolivia se debe establecer justicia porque es una obligación del Estado. Pero digo: Son 12 años de este nuevo juicio, 30 años en julio de este año del asesinato de mi padre y no se avanzó nada.
Creo que tiene que haber una labor de parte de la ciudadanía, de las organizaciones sociales de unos hechos que ocurrieron hace tres décadas y son muchos años. La gente joven no ha conocido a mi padre, los jóvenes no han vivido los regímenes militares, no han vivido los golpes de Estado, pero todo eso está en la memoria del país y no pueden perderse. La democracia que gozamos hoy en Bolivia es resultado de la lucha de estas personas, de personas como mi padre. Es una deuda pendiente que la sociedad boliviana, todos los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas deberían colaborar para establecer justicia y verdad.
* Nota publicada el domingo 7 de marzo en la revista Día D (El Nacional, Tarija) y luego en la revista ¡Oh! (El Potosí, Potosí; Correo del Sur, Sucre y Los Tiempos, Cochabamba).